Un Ecuador tomado por la violencia habría parecido una idea descabellada hace apenas unos años. Tal vez porque, mientras nos entreteníamos en otros debates, los grupos de delincuencia organizada se consolidaban silenciosamente en cárceles y barrios marginados. En otros espacios, en aquellos que solemos llamar “aniñados”, siempre supimos que la corrupción se gestaba bajo el disfraz de la llamada viveza criolla o la ley del más vivo.
Hoy, ambos fenómenos se han convertido en verdaderos cánceres que, actuando de forma simbiótica, han capturado amplios segmentos del Estado y se reproducen en las cortes e incluso en cada fiscalización que realiza la Asamblea, donde, como sucedía en las viejas radionovelas, los honorables se cambian de traje para trasmutar de denunciado a denunciador.
Entre las múltiples huellas que deja la violencia, una de las más persistentes y difíciles de borrar es el homicidio intencional (homicidio, asesinato, femicidio y sicariato). Su evolución permite observar no solo el aumento de la violencia, sino también su distribución territorial y las zonas donde se concentran las disputas criminales. Y no, este indicador no refleja únicamente enfrentamientos entre bandidos, como algún ministro pretende hacernos creer en entrevistas y Tik Tok. De la misma forma, las masacres carcelarias no fueron simples disputas internas de poder, sino el anuncio público de que las organizaciones criminales fortalecían su control de los mercados ilícitos y ampliaban su presencia en espacios políticos y de gestión del Estado, para garantizarse impunidad.
Si se analizan los homicidios registrados durante la última década (2016–2025), se observa que las provincias de la costa concentran la mayor proporción de estos hechos. En conjunto, estos territorios conforman el andamiaje funcional del crimen organizado en el país: espacios que operan como nodos logísticos, financieros y portuarios; zonas de producción, tránsito y disputa; corredores internos y binacionales; y áreas fronterizas permeables a dinámicas criminales transnacionales.
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Si bien una sola provincia, Guayas, concentra el 44,55 % de los 9.216 homicidios registrados en 2025 y el 43,48 % de los 37.394 de la última década (2016-2025), el análisis por tasas revela un panorama distinto. Los Ríos aparece como la provincia más afectada, con 130,41 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida por El Oro (105,04), Guayas (85,75), Manabí (74,11), Orellana (64,79) y Esmeraldas (60,13). A nivel nacional, la tasa alcanza los 50,91 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi nueve veces más alta que en 2016, cuando se situaba en 5,80.
Un primer corolario de esta tasa es que Ecuador se ubica en el rango alto de violencia letal en América Latina, muy por encima del umbral epidémico y más cercano a escenarios de disputas criminales abiertas que a contextos de delincuencia común. Este nivel lo aleja del perfil de país de tránsito y lo sitúa como territorio de disputa y asentamiento de economías ilícitas. Técnicamente, ello evidencia una pérdida sostenida de capacidad estatal; políticamente, remite a omisiones, decisiones fallidas y tolerancias acumuladas en el tiempo.
Muy interesante, las cifras cuentan realidades que muchas veces son minimizadas.
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