En aquellos espacios donde se
convive con los números y las cifras, resulta desesperante (re) descubrir día
con día que cada escándalo político trasciende más que la realidad que nos muestran
los datos. Resulta que, un mensaje en redes sociales es más importante que un
niño que abandona la escuela en Esmeraldas; que un par de lágrimas en la
asamblea resuenan más que las de la madre de un joven asesinado en Guayaquil; o
que una habitación ocupada en la Embajada de México convoca más atención que
toda una familia cruzando el Darien hacia “la yoni”, y eso indigna.
Con ese contexto y usando, en una suerte de contrapunto, dato y relato, les invito a comparar algunas cifras versus el costo del último censo de población del Ecuador.
Antes de sumergirnos en este mundo de supuesto y presupuesto, recordemos que el censo más caro será siempre el que no se hizo, dejando en penumbra a los planificadores y rascándose la cabeza a los políticos. Después de eso, los valores pueden considerarse altos o bajos según quién los analice y cuáles sean los objetivos de ese examen.
Para que las comparaciones tengan sentido, los costos de los censos deberán analizarse por persona contada, presentarse para una misma fecha (valor presente) y estudiarse dentro del contexto en el que esta operación fue ejecutada. Por ejemplo, mientras que el censo ecuatoriano de 2010 fue levantado por estudiantes (menores de edad sin pago), el censo 2022 decidió contratar personal, utilizar tabletas electrónicas y, gracias a la magia de la tecnología, logró recopilar información por internet utilizando el aplicativo “Censo en Línea”.
Aunque las tabletas
resultaron ser significativamente más baratas que imprimir formularios, y que la codificación
automática ahorró algo más de 700 mil dólares al proceso, no podemos ignorar que
los efectos de la pandemia, los dos levantamientos indígenas y la inseguridad en el
país, alargaron el proyecto por más de dos años.
Pero, ¿el censo de 2022 fue tan
caro como algunos (políticos) pretenden hacernos creer? Intentaré responder esta
interrogante a través de varias comparaciones. Como referencia, el censo de
2022 costó 4,9 dólares por persona contada, mientras que el de 2010 fue cercano
a los 3,9 dólares calculados a valor presente. La diferencia entre sus costos se
explica principalmente por el pago salarial a censistas y supervisores de
campo, como debe ser, ya que quien trabaja merece recibir un pago.
1.
¿Cuánto
dinero se reparte con base en la información recabada por el censo nacional?
Sumando exclusivamente los
valores incluidos en las proformas presupuestarias de 2011 a 2020 (para
mantener como referencia una década), los valores que debieron ser repartidos a prefecturas
y municipios fueron algo más de 29 mil millones de dólares. Considerando que el
Modelo de Equidad incluye condiciones extraídas del censo nacional y de sus
proyecciones anuales durante (al menos) diez años, entre ellas el tamaño de la
población, la densidad poblacional y la pobreza calculada por NBI, entonces, el
costo del censo 2010 llegó a representar el 0,16% de los valores que los GAD debieron recibir durante esos diez años.
Además, sin un censo
actualizado no existirían insumos para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (el
país ha hecho 5 con cifras del censo 2010 y uno con las del censo 2022), tampoco tendrían insumos los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) que, por cierto, todos los GAD se encuentran elaborando en estos días con las cifras del censo 2022. Sin censo, instituciones como la Unidad del Registro Social, deberían hacer su propia
actualización cartográfica y los mismos GAD no contarían con la cartografía
actualizada, que los operativos censales generan y ponen
a su disposición (otros 27 millones de dólares de ahorro).
2.
¿Cuánto le
cuesta al país paralizar sus actividades por un día?
¿Alguna vez se han preguntado
cuánto nos cuesta paralizar el país por un día? ¡No, no estoy hablando de un
feriado nacional!, sino de un levantamiento indígena, huelga o protesta, de
esas que cada dos años nos hacen temblar y que sus líderes utilizan para promover sus candidaturas electorales.
Según la estimación del Banco
Central del Ecuador, el levantamiento indígena que duró 18 días en 2022 nos
costó la friolera de 1.105 millones de dólares. ¡Y eso sin contar los daños materiales!
Ese cálculo nos da una referencia sobre cuánto le costaría al país la decisión
de parar un día (aunque sea domingo) y fija el valor en algo más de 61 millones de
dólares por cada día de paralización, eso sin contar que las movilizaciones de junio de 2022 no detuvieron las provincias de la costa ni la ciudad de Guayaquil, lo que nos permite
presumir que ese valor debe ser mucho más alto.
Un dato no menor es que la
recolección extendida significó el traslado de cerca de 27 millones de dólares
en salarios (dignamente ganados) hacia los hogares de 21 mil censistas y
supervisores distribuidos en todos los cantones del país.
3.
¿Cuánto le
cuesta al país la inestabilidad política?
Nuestro afán de elegir y
defenestrar autoridades se ha convertido en deporte nacional, tanto que cambiar
de alcalde es patrimonio de una quiteñidad con marcadas diferencias
entre quienes ven el rostro de la virgen mestiza de Legarda reinando sobre El Panecillo
y aquellos que solo alcanzan a ver sus espaldas. Ese juego del gato y el ratón, terminaría si nos enfocamos en
elegir bien a quienes dicen representarnos, sin embargo, mientras esperamos a que esa utopía
ocurra, debemos asumir y respetar nuestras equivocaciones colectivas.
El divertimento
ciudadano de tirar autoridades al “basurero de la historia” resulta ser un lujo
demasiado costoso. Por ejemplo, el referéndum de 2023 nos costó 43 millones
dólares, las elecciones anticipadas de ese mismo año añadieron otros 80 millones
a la cuenta. ¿Para qué? si a pesar
del desencanto terminamos eligiendo a los mismos integrantes de la Asamblea Nacional que disolvimos. Es
decir, la incertidumbre que marca nuestra política nos va costando alrededor de
123 millones de dólares en apenas un año y piquito. ¡Somos una telenovela llena
de drama y traición!
4.
¿Cuánto le
cuesta al país el espejismo de la representación política?
Para rematar, vivimos la
ilusión de una representación política en la que elegimos representantes con
la esperanza de que nos defiendan y nos representen, pero la realidad es otra, a muchos de ellos apenas si les alcanza para representarse a sí mismos y a otros tantos no les alcanza ni para eso.
Reconozco (con cierto estupor)
que una aspiración de los partidos y movimientos políticos es el incremento de sus
plazas de asambleístas, que vienen acompañadas de equipos de asesoría, planes
telefónicos, viáticos y pagos de residencia. Sus sumas y restas, trabajadas en ábacos
mentales, repasan con interés el crecimiento poblacional reportado por el último censo, rogando porque les beneficie en las provincias donde se
consideran fuertes para así consolidar bancadas y cargar votos a sus
negociaciones, como si se tratara de añadir saldo a sus planes de celular.
El anterior censo (2010) provocó
que el Consejo Nacional Electoral de la época (2013) añada distritos
electorales en Guayas, Pichincha y Manabí, los que, con las votaciones
consolidaron una única fuerza en la Asamblea Nacional. En 2013, Guayas eligió
16 asambleístas de Alianza País y 4 Socialcristianos, Pichincha 12 de Alianza País
y 3 de CREO, y Manabí 8 de Alianza País y 1 de Avanza, lo que significó que 4
de cada 10 Asambleístas de Alianza País (hoy RC) fueran electos en esas
provincias.
Sin embargo, la representación que
los electos hacen de quienes los eligen parece ser un espejismo ya que, una vez
sentados en los curules, los honorables legisladores terminan actuando en
beneficio propio o en favor de allegados inconvenientes o actuando en razón de los intereses de sus grupos políticos,
por lo que una disminución de su número no resulta ser tan mala idea. ¡Ojo! la disminución es válida siempre y
cuando se mantenga la proporción de cada provincia respecto al total nacional.
Si lo llevamos a dólares, cada asambleísta
(sin contar asesores, asistentes, viáticos, etc.) nos cuesta 63 mil al
año, por lo que disminuir tan solo una docena de ellos representaría un ahorro
de 750 mil dólares anuales, que traducidos a sus cuatro años en funciones llegaría a 3
millones de unos dólares que podríamos ahorrarnos junto con las
vergüenzas que nos hacen pasar.
En fin, los censos, más allá de
recolectar y presentar guías para la política, son llamados de atención para la gestión
pública al evaluar el trabajo de los actores del estado. Los
informes estadísticos vienen exponiendo los efectos de la violencia que expulsa a los jóvenes de sus hogares o que los capta como mano de obra para el delito, los datos hablan de la persistente falta de acceso al agua potable en las comunidades y nos muestran las diferencias en
los niveles de escolaridad entre poblaciones diversas.
Confrontar lo que dicen las cifras del censo contra la narrativa fútil con la que se pretende señalarlo, nos lleva a cuestionar seriamente el trabajo de quienes escogieron la retórica vacía en lugar del compromiso que merece su gente, a señalar a quienes promueven el espectáculo mediático en lugar de cumplir con su obligación frente a aquellos problemas que conscientemente decidieron ignorar, no ahora sino desde hace diez años.
