Los censos, por su impacto en las decisiones públicas,
su exposición masiva y la atención que le prestan actores sociales o políticos,
comúnmente son aprovechados por quienes quieren utilizarlos como una plataforma
para ser visibles ante un país entero y hacer efectivos sus intereses
personales o de grupo.
Es así que el censo ecuatoriano del año 2010 enfrentó
reclamos hechos, por ejemplo, por uno de los alcaldes de Manabí, quien
argumentaba que las cifras presentadas por el INEC no eran compatibles con el
número de bautizos que había hecho durante diez años uno de los sacerdotes de ese
cantón o, las muy emotivas visitas que recibíamos de quienes decían ser
representantes de un territorio que aspiraba a convertirse en una parroquia de
Esmeraldas y que necesitaba cumplir – cómo sea - con el requisito de población, para hacerlo había decidido ampliar sus límites al territorio de la jurisdicción vecina o, los argumentos que aunque opuestos, jurídicamente se hallaban muy bien sustentados por varios alcaldes litigantes en una disputa de límites entre Azuay y
Guayas o, los de un ex director del INEC que demandaba la inclusión de preguntas
sobre aceras y bordillos y camas hospitalarias que de ser incluidas – según él - harían
que los indicadores de pobreza por NBI beneficien a su cantón al momento de la
repartición de los presupuestos estatales. En fin, un conjunto de eventos aislados que desconocían
(intencionalmente) la falta de competencias del INEC en el reconocimiento de
límites oficiales o para interpretar - a conveniencia - ciertos documentos legales y menospreciaban la capacidad técnica de los funcionarios del Instituto para
cuidar una operación estadística tan delicada y de tanta trascendencia.
Al rededor del mismo censo 2010, se promovieron varios argumentos
falsos como el que afirmaba que al responder sobre el número de cuartos se permitía al gobierno de la época, identificar aquellas viviendas donde luego ese mismo gobierno
obligaría a las familias ecuatorianas a recibir migrantes cubanos y venezolanos. Falacia monumental promovida por actores políticos anónimos, con el fin de afectar la imagen del gobierno a
través de la exposición negativa del censo nacional. ¡Lo defendimos! ¡No lo lograron!
La experiencia internacional muestra similares patrones. Solo basta mirar lo ocurrido en el censo peruano del año 2017, cuando un ex
jefe (símil del cargo de director en Ecuador) utilizaba los medios de comunicación para
“anticipar errores” (inexistentes) de la oficina de estadística, se presentaba en entrevistas
antes, durante y después del día del censo, las que parecerían sincronizadas
con las etapas planificadas por el censo de ese país y con los hitos de mayor exposición de su campaña informativa.
Chile en el año 2012 pierde la validez de su censo por errores relacionados con
su planificación (el censo más moderno y profesional decían) y por el aprovechamiento
de actores que movilizaron a técnicos de la propia oficina de estadística para
colocarlos en escenarios públicos donde se explicaron mejor los problemas mientras que se omitieron las soluciones que pudieron haberse adoptado, Chile logra repetir su
censo luego de cinco años, en 2017 lo hace de manera abreviada. En Argentina actores
políticos argumentan contra la inclusión del número del documento de identidad en el censo 2022,
la oficina de estadística lo retira del cuestionario censal como medida destinada
a cuidar la imagen de su censo y, sin saberlo, le quita su mejor herramienta para
trabajar en la calidad de la información colectada.
Mientras que, en Ecuador, impulsado por un ex director
del INEC y bosquejada en una carta escrita entre septiembre y octubre de 2022 y distribuida a un grupo de asambleístas afines, se
establece un Plan de Acción que se ejecuta en los ámbitos político, jurídico y
comunicacional. Las acciones y el propio plan han quedado registradas en las
redes sociales de los participantes, en entrevistas recogidas por medios de
comunicación, en acciones de protección resueltas a favor del INEC, en comunicaciones
oficiales al Instituto y a varias agencias de naciones unidas, incluso en correos
electrónicos personales de funcionarios de naciones unidas, donde se trasmiten argumentos que
coinciden con el Plan de Acción trazado para afectar la imagen del INEC y la
reputación de sus funcionarios.
Esta cadena de acciones es la motivación para sistematizar “el infalible método de 9 pasos” que es el centro de mi última publicación: “Manual para la Deslegitimación Política de los Censos de Población en América Latina y Cómo fue Aplicado en Ecuador”, la que pongo a disposición de quienes tengan interés en la planificación de grandes operativos estadísticos como son los censos de población y las encuestas especializadas.
Adjunto un avance de las primeras páginas del libro en este link: https://shorturl.at/FNP17 . Para obtener la obra completa, escríbanme a través del correo electrónico que se encuentra dentro del documento.
Nota de descargo sobre el libro: Como autor y
responsable del diseño y ejecución de los censos de 2010 y 2022 en Ecuador, mi
intención no es presentar una herramienta que socave la calidad e integridad de
los censos. Por el contrario, mi propósito es exponer, de manera irónica, la
experiencia del censo de 2022 para ayudar a comprender cómo se manipulan las
narrativas y percepciones públicas con el fin de desacreditar a la institución
encargada de realizar el censo, a sus técnicos y, en última instancia,
deslegitimar un proceso censal financiado con fondos públicos, que son
patrimonio de cada ciudadano del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tú opinión me ayuda a mejorar, déjame un comentario.