Tungurahua: por qué vota como vota

Los resultados de la consulta dejaron en Tungurahua un mapa político mucho más complejo de lo que sugieren los porcentajes provinciales. Detrás del voto hay territorios que reaccionan de manera distinta, historias que pesan sobre cada parroquia y formas muy propias de entender la relación con el Estado. Para comprender cómo votó realmente la provincia —y especialmente Ambato— es necesario mirar el detalle, porque es ahí donde aparecen las fracturas, las continuidades y los comportamientos que ayudan a explicar el resultado final.

¿Cómo realmente votaron Tungurahua y Ambato?

La diferencia más importante se observa entre las parroquias con una alta presencia de población indígena, que no solo votan distinto del resto de la provincia, sino que lo hacen de manera más concentrada. Este comportamiento replica lo ocurrido en la última elección para alcalde de Ambato y prefecto de Tungurahua. Conviene recordar que los pueblos indígenas —con excepción del pueblo Salasaca— se asientan principalmente en el cantón Ambato y es allí donde se mira el efecto de sus votos.

Cuadro 1. Votación sobre Asamblea Constituyente en parroquias con alta concentración de población indígena

Cantón	Parroquia	% de Población indígena	% sí	% No
Ambato	Pilahuin	94.36%	15.95%	84.05%
Ambato	San Fernando	88.70%	33.74%	66.26%
Ambato	Pasa	80.30%	31.73%	68.27%
Ambato	Quisapincha	76.85%	32.61%	67.39%
Ambato	Juan Benigno Vela	74.47%	33.80%	66.20%
San Pedro de Pelileo	Salasaca	89.63%	16.54%	83.46%

Elaboración propia a partir de los resultados del CNE (18/11/2025).

Si la votación hubiese ocurrido únicamente en estas seis parroquias, la opción “no” habría ganado con 74,11 % de los votos válidos (algo más de 20 mil votos).

La contracara —la zona donde la opción “sí” alcanzó sus niveles más altos— se encuentra principalmente en las parroquias centrales de Ambato. Si la votación se hubiera realizado exclusivamente en esos territorios, el “sí” habría alcanzado 63,66 % de los votos válidos (aproximadamente 37 mil votos).

Cuadro 2. Parroquias de Tungurahua con mayor votación por el “sí”

Cantón	Parroquia	% sí	% No
Ambato	San Francisco	66.63%	33.37%
Ambato	Atocha Ficoa	65.82%	34.18%
Pillaro	Baquerizo Moreno	63.53%	36.47%
Ambato	Celiano Monge	63.36%	36.64%
Ambato	La Merced	63.29%	36.71%
Tisaleo	Quinchicoto	63.21%	36.79%
Ambato	La Matriz	62.39%	37.61%

Elaboración propia a partir de los resultados del CNE (18/11/2025).

Esta diferencia entre centralidad y periferia también aparece al comparar la votación urbana (58,30 % por el “sí”) con la rural (55,68 % por el “no”). Sin embargo, no se observa una brecha por sexo: hombres (53,73 % sí) y mujeres (51,44 % sí) votaron de manera similar.

La información pública no permite analizar la votación por edad, donde probablemente también existan rupturas entre lo “nuevo” y lo “viejo”. Lo que si es posible es conocer el comportamiento a nivel territorial, así sabemos que en 39,68 % de las parroquias de Tungurahua ganó la opción “no” a una potencial Asamblea Constituyente.

¿Por qué Tungurahua vota de esta manera?

Más allá de los números o, a partir de ellos, planteo las siguientes potenciales causas, a manera de hipótesis a comprobar (si existiera algún interesado):

A favor del no, el efecto inmediato del paro indígena de 2025

Fue el factor más determinante. La movilización indígena no solo empujó un voto contrario a la propuesta del gobierno, sino que lo hizo de manera concentrada, reforzando la disciplina electoral dentro de los territorios indígenas y dejando clara la importancia de su organización y objetivos. No es casualidad la elección de autoridades indígenas en casi todas las provincias de la sierra.

A favor del no, las fracturas históricas entre lo urbano y lo rural

En la ruralidad aún persisten brechas profundas que no logra se logran cerrar, señalo algunas a manera de ejemplo:

- alta población en condición de pobreza,

- acceso limitado a agua de calidad,

- transporte deficiente,

- dificultades para colocar productos agrícolas en mercados,

- mala calidad del sistema de salud y falta de empleo adecuado,

- educación que no garantiza movilidad social.

Estas tensiones territoriales terminan expresadas como voto de rechazo.

A favor del sí, la identidad política ambateña y tungurahuense: el predominio del “anticorreísmo”

Una proporción mayoritaria del electorado de Ambato y Tungurahua adoptó una postura anticorreísta que se moviliza hacia el “sí” y hacia todo lo que signifique rechazarlo. A ello se suma el descontento con la actuación de sus propios representantes en la Asamblea y en el antiguo Congreso Nacional, con varios casos de destituciones en las últimas décadas.

A favor del sí, la distancia con el Estado central

Para buena parte de Ambato y Tungurahua, el Estado central es un actor distante que no ofrece empleo público, no incide en la vida cotidiana y tampoco le ofrece una presencia significativa en los espacios nacionales de decisión. Esa ausencia histórica ha consolidado una identidad basada en la autosuficiencia, donde se confía más en lo que puede hacer por sí mismo que en lo que pueda prometer el gobierno. Por eso, las narrativas que amplían el margen para emprender, producir y generar autoempleo tienen mayor eco que las que dependen de la intervención estatal, de los bonos o incentivos (que no le llegan), lo que alimenta una mirada crítica, a veces desconfiada, hacia todo lo que provenga de un lugar distinto a su propio trabajo.

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¿Qué viene después del “no”?

Tras la negativa de los electores a las cuatro preguntas planteadas por el presidente Noboa —permitir bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento de los partidos políticos, reducir el número de asambleístas y convocar una asamblea constituyente—, comparto algunas reflexiones personales:

El resultado es un mensaje claro para el presidente y su equipo

Decir no a todas las preguntas —incluidas las que, por la baja aceptación de instituciones como la Asamblea Nacional, era razonable anticipar un triunfo del “sí”— da cuenta de que el rechazo no se dirige estrictamente al contenido de las propuestas, sino que se cuestiona la gestión del gobierno

En la práctica, la votación es una demanda de cambios: una invitación a revisar la composición del gabinete, la reorientación de las políticas priorizadas, la revisión del estilo de gestión y del enfoque comunicacional y, sobre todo, a mostrar resultados que sean valorados por la ciudadanía. Resultados asociados con seguridad y transparencia, pero sostenidos en mejoras concretas en empleo, salud, educación, acceso a servicios, infraestructura, adopción de tecnología y mucho más.

Es un “no” ciudadano hacia otros actores políticos

Este resultado tampoco representa un voto de respaldo hacia otros actores políticos que podrían intentar atribuirse una victoria que no les corresponde. De hecho, muchos de ellos cargan con un desgaste político mayor que el del gobierno, como la RC, sus asambleístas y sus principales figuras. El “no” también les alcanza y los cancela.

Hay otras razones detrás del voto, que no coinciden con las explicaciones enredadas de los voceros de los partidos tradicionales. Muchas salieron de espacios ciudadanos y de personas que expresaron opiniones en sus redes personales con argumentos más sólidos y cercanos a la realidad.

Incluye un importante efecto del paro indígena

El “no” observado en Imbabura para la constituyente (68,5 %) —idéntico a lo que sucede en las demás preguntas— se amplifica en Otavalo (79,46 %) hasta volverse casi universal en una de sus parroquias: San Rafael de la Laguna (92,83 %), donde habitaba uno de los fallecidos por la represión militar durante el paro indígena de 2025. Efecto se extiende y es visible en otros territorios con alta población indígena: Pilahuín en Ambato - Tungurahua (82,02 %); Toacazo en Latacunga - Cotopaxi (81,56 %); Cangahua, Cayambe – Pichincha (92,78 %); San Pablo de Tenta en Saraguro - Loja (84,06 %), entre otros.

Esto puede interpretarse como un voto de rechazo a la violencia con la que el Estado actuó durante el último levantamiento indígena.

No supone desconfianza en el presidente, pero sí le deja un mandato de cambios

Si bien la votación no constituye un rechazo total al gobierno, tampoco significa que la ciudadanía ceda ante temas que deben resolverse con prontitud y deje de exigir resultados en la lucha contra grupos delincuenciales, bandas y carteles. No supone oposición a la cooperación internacional; al contrario, evidencia la demanda de que existan acuerdos y acciones conjuntas entre países, que generen resultados más allá de discursos o de la captura de delincuentes de “alto valor”. Lo que la población no quiere es un país militarizado o atrapado en una guerra interna sin posibilidad de ganar.

En cuanto al número de asambleístas, hay consenso sobre la necesidad de contar con mejores representantes: mejorar los perfiles de los candidatos, modificar el mecanismo de elección para desincentivar el voto en plancha (y que el debate se centre en tarrinas o en el uso correcto de los verbos), incorporar capacitación previa o al momento de la inducción (como requisito para ocupar el cargo), reducir el número de asesores y exigirles perfiles técnicos y éticos más idóneos. Hay mucho por hacer.

También ha consenso sobre la poca utilidad del consejo de participación ciudadana.

¿Entonces, qué viene después del “no”?

Lo dicho, hacer cambios y provocar resultados.

Si no se plantean modificaciones en el fondo y en la forma, lo más probable es que lo que venga sea simplemente más de lo mismo: espectáculo y telenovela.

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Cómo se mide la opinión pública y por qué fallan las encuestas electorales

Cómo se mide la opinión pública

Se realiza mediante métodos que indagan lo que las personas piensan sobre temas de interés común. El instrumento más utilizado es la encuesta, que recoge información de una muestra representativa y permite inferir los resultados al conjunto de la población estudiada.

Aunque útiles, las encuestas no pueden anticipar los cambios en el sentir ciudadano, influido por la publicidad, las narrativas políticas y las emociones colectivas. Por eso se realizan mediciones sucesivas (trackings) y se complementan con técnicas cualitativas, como los grupos focales, que permiten observar cómo se forman las opiniones y qué emociones las sustentan. También se emplean entrevistas en profundidad para explorar la visión de personas que influyen en el colectivo o representan tendencias de opinión.

Mientras la encuesta determina qué proporción de la población respalda a un candidato o una postura política y permite caracterizarla, el grupo focal revela las razones de ese apoyo. Combinadas, las técnicas ofrecen una mirada más completa: los números describen la tendencia y las palabras explican su sentido.

Además, existen métodos indirectos, como el análisis de discursos, redes sociales o medios digitales, que permiten observar cómo circulan las ideas y emociones en la sociedad, y cómo la opinión pública se forma, se expresa y se transforma en tiempo real. Asimismo, la revisión de bases históricas provenientes de encuestas a hogares, censos nacionales y resultados de elecciones anteriores puede ayudar a anticipar escenarios sobre la forma en que votan las poblaciones y los territorios.

Aunque menos utilizados, también puede emplearse otros métodos como el Delphi, que consulta en varias rondas a un grupo de expertos para identificar coincidencias y anticipar escenarios, ofreciendo lecturas más informadas en contextos cambiantes.

¿Por qué fallan las encuestas electorales?

Por limitaciones presupuestarias, ausencia de una institución especializada y la urgencia por obtener resultados en tiempos electorales, los actores políticos suelen recurrir a encuestas puntuales —que a menudo transforman en sondeos sucesivos—, acompañadas, en el mejor de los casos, de grupos focales realizados por consultores privados. Sin embargo, quienes las ejecutan no siempre cuentan con la experiencia ni con la infraestructura necesaria —como marcos de muestreo, cartografía o métodos validados— para garantizar su calidad.

Los errores de diseño provienen de múltiples fuentes:

• Muestras no representativas, que omiten zonas rurales, jóvenes sin acceso a internet o áreas de difícil acceso —como sectores de estrato alto—, además de personas que desconfían del encuestador. Un ejemplo es el exit poll de Market (2023), que dio como ganador a L. Amoroso para la alcaldía de Ambato, aunque el escrutinio mostró que el 33 % votó por D. Caiza; la diferencia se concentró en sectores rurales no incluidos en la muestra.
• Métodos no probabilísticos, como el muestreo por cuotas, que seleccionan a quienes es más fácil contactar, impidiendo generalizar los resultados. Son frecuentes en encuestas realizadas por redes sociales.
• Sesgos de respuesta, que ocurren cuando el informante oculta su preferencia, responde con prisa, elige la opción que percibe como ganadora o se niega a contestar. Si los simpatizantes de un candidato participan menos, el resultado tiende a inclinarse hacia el otro lado.

Aun así, las encuestas electorales no “fallan” porque estén mal hechas, sino porque se les exige predecir algo que cambia de manera constante, incluso después de la última medición permitida. Están expuestas a factores externos, como escándalos o eventos que alteran el ánimo colectivo; un ejemplo fue el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido once días antes de las elecciones presidenciales de agosto de 2023.

También “fallan” por errores de interpretación, cuando analistas o medios las presentan como una carrera para definir “quién va ganando” o para influir en la decisión de los electores. Se olvida —a veces con intención— que las encuestas reflejan la opinión del momento en que se levantan; se parecen más a una fotografía que congela un instante que a una película que muestra la evolución de la intención de voto.

Incluso los conteos rápidos oficiales han equivocado su resultado: en febrero de 2021, el CNE dio como finalistas a A. Arauz (32 %) y Y. Pérez (20%), pero luego reconoció que G. Lasso —quien finalmente ganó la presidencia— había alcanzado el segundo lugar.

¿Cómo reconocer una buena encuesta?

Una buena encuesta explica con transparencia cómo fue realizada. Publica su ficha técnica con el tamaño y tipo de muestra, margen de error, cuestionario utilizado, fecha de levantamiento y fuente de financiamiento (algo que no ha sucedido en Ecuador). Utiliza un muestreo probabilístico —no por conveniencia— y un cuestionario claro y neutral. Además, diferencia entre el voto directo (lo que la gente declara) y el voto estimado (la inferencia del analista) y no oculta a los indecisos.

Una mala encuesta, en cambio, no detalla su metodología, formula preguntas dirigidas o busca favorecer a un candidato o tendencia política, disfrazando la propaganda como investigación. En esos casos, más que medir la opinión pública, intenta fabricarla.

Una buena encuesta no pretende predecir el futuro, sino entender el presente. Es útil cuando se aplica con rigor y se interpreta con criterio. Combinada con la escucha cualitativa, convierte los datos en rostros y las opiniones en sentido. No obstante, su poder predictivo es limitado: requiere varias mediciones (trackings y sondeos sucesivos) para detectar tendencias y diferencias amplias para ser confiable.

Un ejemplo ilustrativo ocurrió en 2017, cuando CEDATOS proyectó lavictoria de G. Lasso con el 50,8 % frente al 49,2 % de L. Moreno, e incluso una semana antes con una brecha aún mayor (53,9 % vs. 46,1 %). Moreno ganó con el 51,16 % frente al 48,84 % de Lasso.

 

Constituyente, remedio para el no poder

La consulta sobre una nueva Constitución, planteada en el referéndum de 2025, nos invita a reflexionar sobre tres aspectos esenciales: ¿por qué deberíamos cambiar la Constitución vigente?, ¿qué incidencia tendremos en el texto final? y ¿qué se pretende modificar respecto al texto actual?

Empecemos por el principio:

¿Qué argumentos se dan para cambiar la Constitución?

En el anexo publicado, el proponente sostiene que el país atraviesa una crisis estructural agravada por la corrupción judicial y por normas que favorecen la impunidad. Además, plantea la necesidad de enfrentar la crisis climática, la transición energética, la revolución digital y la migración —omite la transición demográfica—, y enfatiza la urgencia de recuperar la confianza en las instituciones, redefinir el pacto social y reestructurar el Estado. Entonces concluye que la panacea será una nueva Constitución.

Sin embargo, su argumento es débil y, en consecuencia, su conclusión lo es aún más. Un texto, por bien escrito o bien intencionado que sea, nunca resolverá nada por si solo. El obstáculo es y han sido siempre las personas que lo aplican.

El surgimiento de nuevos problemas es discutible, pues los más visibles son los de siempre: educación, empleo, salud, servicios, corrupción y representación política. Los desafíos recientes —como la pandemia o los efectos del cambio climático, reflejados en apagones e inundaciones— solo han evidenciado las falencias estructurales del país. La inseguridad, aunque más violenta, tampoco es nueva, como tampoco lo son los intentos de militarizar la sociedad o de encubrir la incapacidad con más leyes, en un claro ejercicio de populismo jurídico. El verdadero riesgo es que, bajo el pretexto de fortalecer a militares y policías, se conculquen derechos individuales y colectivos.

La desconfianza en instituciones del Estado como la Asamblea Nacional o el Consejo de Participación Ciudadana no lo provoca la Constitución, el origen del deterioro recae sobre el comportamiento de sus miembros y, sobre los partidos que auspician sus candidaturas. Su imagen está marcada por la poca capacidad de los electos, por sus discursos vulgares, por el mal uso de la fiscalización y la veeduría para levantar falsos y perseguir personas, por los evidentes intentos de desestabilización, por sus escándalos y comportamientos dolosos, a los que se añade una larga lista de etcéteras.

Existen otras razones, pero no se mencionan, como el hecho de que la Constitución de 2008 no se ha aplicado plenamente: los Gobiernos Autónomos Descentralizados —incluidos los niveles regionales, traducidos en zonas de planificación— crearon una estructura territorial compleja y poco eficiente. Tampoco se consolidó el Régimen del Buen Vivir, utopía concebida como modelo de desarrollo integral, ni la plurinacionalidad, que no se tradujo en autonomía ni participación efectiva. Lo mismo ocurrió con la economía social y solidaria, reducida a iniciativas dispersas que no resuelven los problemas de pobreza y falta de empleo. Estos tres principios —Buen Vivir, plurinacionalidad y economía solidaria— aparecen hoy entre los candidatos a desaparecer.

Al ir a una constituyente, ¿qué incidencia tendremos en el texto final?

El mismo anexo plantea un parlamento con 80 asambleístas, distribuidos en 24 nacionales, 50 provinciales y 6 del exterior. Lo que se traduce en que el 30 % lo aportaran espacios nacionales; el 12,5 % lo hará Guayas; el 8,75 % Pichincha; el 5 % Manabí y el 7,5 % serán del exterior, mientras que el resto de las provincias, de forma individual, apenas podrán aportar con el 2,5 % o el 1,25 % de los integrantes y de los votos. Por su parte, la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas dependerá de obtener el respaldo del 0,5 % del padrón electoral (aproximadamente 69 000 personas), muy difícil de conseguir en los 180 días que durará la Asamblea; dejando como opción el convencer a algún asambleísta para que lo haga.

Como se ve, la opinión de las provincias y de las organizaciones de la sociedad, incidirá poco en las decisiones que marquen el contenido constitucional. El texto final estará influido mayormente por los asambleístas de Guayas, Pichincha y, en alguna medida, de Manabí. Un tercio de los votos vendrá del “espacio nacional”, que en su mayoría provendrá de Quito y Guayaquil.

La votación por listas cerradas y el método de asignación de escaños, derivarán en el mejor de los casos en una Asamblea bipartidista, dejando la discusión entre dos voces, con poco espacio para el debate externo, orillándonos a tener una Constitución impuesta por la fuerza de los votos, sin participación y sin pluralidad de ideas.

¿Qué se pretende modificar respecto al texto actual?

Del estatuto anexado por el proponente, se desprende que la próxima Constitución estará organizada en ocho secciones: a) Derechos y Garantías Fundamentales; b) Organización y Funciones del Estado; c) Régimen Económico y Finanzas Públicas; d) Justicia y Sistema Judicial; e) Participación Ciudadana y Control Social; f) Régimen Territorial y Descentralización; g) Naturaleza y Ambiente; y h) Régimen de Desarrollo e Inclusión Social. La discusión se hará en mesas compuestas por 10 integrantes y, no se menciona si existirá algún mecanismo para incorporar nuevas secciones / mesas.

La estructura propuesta, sugiere un documento centrado en el rediseño institucional, más operativo y resumido, lo que contrasta con la Constitución vigente, que resulta más ideológica —con ejes como el Buen Vivir, la Plurinacionalidad, los Derechos de la Naturaleza y la Participación Ciudadana—. Tampoco prevé una mesa sobre relaciones internacionales ni sobre supremacía constitucional, dos pilares jurídicos del texto vigente.

La propuesta abre el camino a la transformación del Estado de derechos y justicia, a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y a la revisión de los derechos colectivos y de la naturaleza, la redefinición del régimen de desarrollo y la plurinacionalidad. Sugiere un texto orientado a redefinir la organización estatal y a reequilibrar las funciones en torno a los tres poderes tradicionales.

Una nueva Constitución podría ser una oportunidad para corregir los excesos, omisiones y contradicciones acumuladas en estos quince años, pero también puede convertirse en un ejercicio costoso e improductivo si el debate vuelve a girar en torno a los mismos actores y resentimientos que han guiado el accionar político y la organización del Estado en este siglo.

Ningún texto, por innovador o moderno que sea, puede resolver lo que la práctica política ha erosionado: la falta de ética pública, el uso del Estado como botín, la captura de las instituciones por el crimen y la conversión de la ley en instrumento de impunidad o persecución.

El dilema, entonces, no es cómo votar, sino entender qué tipo de país queremos, con qué reglas decidimos convivir y, sobre todo, comprometernos a respetarlas.