Estadística pública: entre el valor de las cifras y el costo del silencio

Con una sola fuente no se cuenta toda la historia.

Lo habitual en la producción de estadística oficial ha sido la ejecución de censos poblacionales y encuestas especializadas, a las que desde hace algunos años se les ha añadido la conversión de registros administrativos en registros estadísticos. De las fuentes inventariadas por el INEC en 2025, el 55,4 % corresponde a registros administrativos con potencial estadístico.

En el Ecuador, todas estas operaciones las realiza el Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de las instituciones que lo componen, bajo la rectoría del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) como estamento técnico del Consejo Nacional de Estadística y Censos (CONEC).

Además, el INEC es el encargado de emitir normativa técnica para la correcta ejecución de las operaciones estadísticas en el SEN, entre las que destacan, el Modelo de Producción Estadística y el Código de Buenas Prácticas, sobre los que me referiré más adelante.

Para entender la producción de estadística oficial, debemos comprender el alcance y la utilidad de sus operaciones: los censos nacionales, las encuestas especializadas y los registros estadísticos útiles para ahondar en el fenómeno estudiado, dimensionarlo y contextualizarlo.

Los censos, además de proporcionar las estructuras demográficas a niveles territoriales menores, permiten, junto con otras fuentes históricas, proyectar el volumen y ciertas características de la población en el futuro cercano (a las que llamamos proyecciones de población). Además, actualizan la cartografía estadística durante el precenso y, apoyándose en esta, aportan a la actualización de los marcos de muestreo que se utilizan para las encuestas durante los períodos intercensales.

Las encuestas especializadas toman una parte de la población, de manera aleatoria y en base a los marcos muestrales, para indagar sobre características, experiencias y percepciones que no necesariamente están registradas en los sistemas administrativos. Su correcta aplicación operativa y metodológica permite obtener estimaciones representativas de la población comprendida en su diseño. A diferencia de los censos, las encuestas no ofrecen información para unidades territoriales de menor tamaño ni para poblaciones étnicas, etarias u otras, cuando no se encuentran consideradas dentro de su diseño.

Para el caso de las investigaciones estadísticas sobre victimización y violencia, las encuestas ofrecen una ventaja sobre los registros de origen administrativo: proporcionan información sobre la llamada “cifra negra”, es decir, la violencia y la victimización que ocurre, pero no se recoge en una denuncia, llamada de emergencia o parte policial. Otra ventaja es que permite recoger información sobre la percepción de la inseguridad y la confianza en las instituciones relacionadas con ese fenómeno.

Los registros a su vez ofrecen también ventajas sobre las encuestas. La principal es que nos dan información del total de los casos registrados, a los niveles que nos permita el registro (unidad administrativa, cantón, población, etc.) y no están afectados por errores de muestreo. Los registros bien administrados, son más oportunos.

En principio, los registros estadísticos demandan de menores presupuestos, pues el levantamiento ordenado, oportuno y completo de la información es realizado al momento en que se produce el acto administrativo: el registro de un nacimiento, la matriculación de un vehículo, la alerta de una emergencia en el SIS 911 o la denuncia de un delito, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, debemos recordar que el registro administrativo, para convertirse en estadístico, deberá pasar por un procedimiento de limpieza (eliminación de duplicados), validación, codificación, anonimización, etc.

Considerando que un hecho, una denuncia, una persona procesada y una causa judicial no representan necesariamente la misma unidad estadística, para entender y actuar sobre un determinado fenómeno podrían necesitarse varios registros, como alertas del 911, partes policiales, muertes violentas de origen intencional, denuncias de delitos, antecedentes penales, decomiso de armas, decomiso de drogas, etc. Esto para el caso de la violencia e inseguridad.

En resumen y a manera de primera conclusión: lo ideal para cualquier sistema de información es constituir un ecosistema de datos, alimentado de varios tipos de fuentes y publicado de manera oportuna.

A las fuentes descritas, podríamos añadir los llamados datos ciudadanos, información generada mediante aplicaciones digitales o ejercicios de cartografía social, que permiten identificar hechos, lugares inseguros y su ubicación sobre planos y mapas. Considerando que es importante aplicar procedimientos de validación y control de calidad.

Los datos no deciden, pero ayudan a decidir.

Hasta hace poco se insistía en que la estadística pública esté articulada con el sistema de planificación nacional. Aunque es la visión sensata, a lo sumo, logró hacerse en el ámbito nacional, quedando parcialmente cubierto lo territorial, lo temático y los grupos poblacionales. Espacios en los que los datos han incidido e inciden sobre las decisiones fundamentales de política, gestión e infraestructura pública.

Como ejemplo, mencionaré el período 2010-2014, durante el cual se creó la Comisión Estadística Interinstitucional de Seguridad Ciudadana y Justicia, se fortalecieron los servicios de medicina legal y ciencias forenses, se amplió la capacidad operativa de Fiscalía y entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En 2011 se realizó, además, la primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, cuyos resultados permitieron dimensionar una realidad que los registros administrativos no reflejaban completamente y aportaron evidencia para el debate público y la formulación de políticas que hoy se encuentran en ejecución. En ese mismo año se publicó la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado.

También es frecuente escuchar que de la estadística oficial se insumen decisiones privadas. Hay cientos de ejemplos que podríamos mencionar; por ejemplo, la instalación de puntos de venta de las grandes cadenas comerciales en lugares seleccionados con información de los censos y las encuestas de consumo, añadida a la información propia de cada empresa.

Un tercer usuario es la academia, que contrasta las operaciones estadísticas con la teoría existente, interpretando sus resultados y, en no pocos casos, evaluando el resultado de las acciones y las decisiones públicas.

Un cuarto usuario son los ciudadanos. La importancia de los datos públicos, en este espacio, radica en su capacidad para aportar evidencia para el debate informado y la construcción de la opinión pública, mediada eso sí por medios y redes sociales. El acceso oportuno y universal a las cifras oficiales sirve de contrapeso frente a aquellas narrativas que intentan posicionar realidades alternativas a las que evidencian las cifras.

La información cuesta. La ignorancia, más.

Hemos dejado de hablar de la demanda solvente, que era la respuesta que hace algunos años se esgrimía ante la necesidad de financiamiento, es decir, la identificación de cooperantes interesados y con capacidad para aportar con los recursos para algún levantamiento. A favor: el hecho de que podrían ejecutarse algunas encuestas especializadas; en contra: el hecho de que no siempre la producción respondía a las necesidades del país.

La estadística oficial ha dependido de financiamiento internacional, son ejemplos los censos poblacionales de 2001 y 2022; las encuestas de condiciones de vida 2006 y de presupuestos familiares 2024; incluso la campaña de autoidentificación del censo 2010 y la planificación del censo económico, que recibieron fondos no reembolsables.

Posteriormente, pasamos al esfuerzo por articular la producción estadística a los requerimientos de la planificación nacional, considerando como principal motor las demandas del Plan Nacional de Desarrollo y los planes seccionales, bajo la premisa de que los objetivos que se plantean en esos documentos deben sustentarse en los aportes de la estadística oficial.

Como respuesta, aunque parcial, a la ausencia de información y en interés por completar aquella con la que el país no contaba, las instituciones del Sistema Estadístico Nacional se enfocaron en producir y fortalecer sus registros estadísticos de origen administrativo. Podemos citar, siempre como ejemplos, el Registro de Datos Vitales (REVIT Nacimientos y REVIT Defunciones); el registro de migración internacional y el de Muertes violentas. O citar otros que aún necesitan de procesos que los mejoren: el registro de personas privadas de la libertad o el Registro Único de Violencia (RUV).

En el proceso de mejora de los registros, se evidenciaron problemas de calidad, de oportunidad, de desagregación, de falta de equipos tecnológicos, de reducida capacidad técnica, de rotación de personal capacitado y de ausencia de metodologías (tratamiento de datos personales). Así, el Ecuador ha avanzado mucho, sin embargo, aún mantiene mucho más por hacer.

Además de los registros, en los últimos años se implementaron nuevas operaciones estadísticas, como la mencionada Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) y la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil (ENDI); y se ejecutaron operaciones necesarias para actualizar la infraestructura estadística, entre las que destaca el último censo poblacional que, entre sus productos, provee de la cartografía estadística, las estimaciones de población y los marcos de muestreo. Esto, aunque el país no ha avanzado en otros censos fundamentales, el Agropecuario y el Económico.

Otras, como la nueva Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) o la Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENCIET) necesaria para actualizar los marcos conceptuales de la encuesta tradicional de empleo, abruptamente y sin explicación, no han sido publicada por la actual dirección del INEC, lo que ha derivado en la suspensión de las publicaciones periódicas de empleo y pobreza, provocando lo que se conoce como “Apagón Estadístico”.

Los esfuerzos por cubrir vacíos de información demandan de presupuestos crecientes, mientras mantiene pendiente la homologación de fuentes (módulos, métodos, otros); la vinculación entre registros y la publicación oportuna y completa de los resultados. Desafíos que se añaden a otros existentes, como la inestabilidad laboral de técnicos y especialistas, financiamiento corriente, capacidades técnicas, etc.

En definitiva, Ecuador no solo necesita producir nuevas estadísticas, es necesario también asegurar recursos, aprovechar los registros administrativos con potencial estadístico, desarrollar o actualizar metodologías, integrar fuentes y sostener la publicación de las operaciones existentes. Los desafíos de la estadística oficial no terminan con la producción de información. De poco sirve ampliar las fuentes, perfeccionar las metodologías o fortalecer los registros si los resultados no llegan oportunamente a quienes los necesitan. La calidad de una estadística también debe medirse por su disponibilidad, oportunidad y accesibilidad. Producir cifras es una responsabilidad técnica; publicarlas es, además, un compromiso con la sociedad.

Aunque, al parecer, hay quienes están convencidos de que el intervalo de confianza se obtiene mediante un interrogatorio, conviene recordar que la confianza en las cifras se determina con métodos estadísticos, no conectando a un polígrafo a los técnicos que las producen.

Una estadística que no se publica no cumple su propósito.

El Ecuador cuenta con dos instrumentos fundamentales para regular la producción de estadística oficial: el Modelo de Producción Estadística y el Código de Buenas Prácticas Estadísticas, ambos emitidos por el INEC en su calidad de rector del Sistema Estadístico Nacional.

El Modelo de Producción Estadística toma el modelo internacional GSBPM, desarrollado inicialmente en 2008. Su adaptación fue formalizada en 2014, actualizada y posteriormente respaldada por la normativa técnica de 2025. En él se establecen ocho fases: planificación, diseño, construcción, recolección, procesamiento, análisis, difusión y evaluación; además de dos macroprocesos transversales: aseguramiento de la calidad y gestión de archivo.

El Modelo establece que la producción estadística debe iniciar con la identificación de necesidades de información de sus usuarios (de los que hemos hablado en párrafos anteriores). Es decir, se recomienda generar información pertinente, técnicamente viable y útil para comprender los fenómenos estudiados y fundamentar las decisiones públicas.

También contempla el aprovechamiento de distintas fuentes, incluidos los registros de origen administrativo, sometiéndolos a procedimientos de recopilación, validación, depuración, procesamiento y análisis que garanticen la calidad, coherencia y comparabilidad de los resultados. El Modelo incluye, además, la difusión de los productos estadísticos conforme a la periodicidad establecida y su evaluación para introducir mejoras (certificación).

Por su lado, el Código de Buenas Prácticas Estadísticas, expedido en 2014, establece 17 principios organizados en tres componentes: entorno institucional, proceso y producción estadísticos. Entre ellos destacan la independencia profesional, la planificación, la calidad, la relevancia, la imparcialidad, la oportunidad, la puntualidad y el acceso universal a la información.

El Código dispone que la producción y difusión de estadísticas oficiales deben estar protegidas de interferencias políticas y responder a criterios técnicos. Establece también que la oferta estadística debe atender las necesidades de los usuarios y desarrollarse mediante una planificación adecuada, con recursos suficientes y procedimientos documentados.

En cuanto a la publicación, el Código es particularmente explícito: exige establecer calendarios de producción y difusión, anunciar anticipadamente el día y la hora de publicación, comunicar los cambios en la programación y garantizar un acceso transparente, universal y equitativo. Incluso dispone que las estadísticas oficiales se difundan simultáneamente a todos los usuarios.

En consecuencia, la calidad de la estadística oficial no se limita a la precisión de las cifras. Comprende también su pertinencia, independencia técnica, continuidad, oportunidad, puntualidad y disponibilidad pública. Una estadística que no se publica, que se difunde fuera de los plazos establecidos sin una explicación suficiente o que no resulta accesible para todos incumple aspectos esenciales de las buenas prácticas estadísticas, contraviniendo el bien ser de las instituciones del SEN y de la Oficina Nacional de Estadística en particular.

Cierre

Hoy, en el Día de la Estadística, vale la pena recordar que las cifras públicas no pertenecen a los gobiernos, ni a quienes las producen, su propietaria es la sociedad. Producirlas exige recursos, rigor e independencia; publicarlas requiere, además, respetar los compromisos asumidos con los ciudadanos. Resulta paradójico que, después de tantos esfuerzos por ampliar las fuentes, mejorar los registros y perfeccionar las metodologías, debamos insistir sobre algo tan elemental como la obligación de difundir los resultados.

En este día, tal vez sea una buena ocasión para preguntarnos si la estadística oficial está cumpliendo su propósito cuando, en lugar de cifras, nos ofrece silencio, explicaciones pendientes y calendarios postergados.

Porque el silencio también comunica, aunque todavía no sepamos cómo medirlo.