Tras la negativa de los electores a las cuatro
preguntas planteadas por el presidente Noboa —permitir bases militares
extranjeras, eliminar el financiamiento de los partidos políticos, reducir el
número de asambleístas y convocar una asamblea constituyente—, comparto algunas
reflexiones personales:
El resultado es un mensaje claro para el presidente y
su equipo
Decir no a todas las preguntas —incluidas las que, por
la baja aceptación de instituciones como la Asamblea Nacional, era razonable
anticipar un triunfo del “sí”— da cuenta de que el rechazo no se dirige
estrictamente al contenido de las propuestas, sino que se cuestiona la gestión
del gobierno
En la práctica, la votación es una demanda de cambios:
una invitación a revisar la composición del gabinete, la reorientación de las políticas
priorizadas, la revisión del estilo de gestión y del enfoque comunicacional y,
sobre todo, a mostrar resultados que sean valorados por la ciudadanía.
Resultados asociados con seguridad y transparencia, pero sostenidos en mejoras
concretas en empleo, salud, educación, acceso a servicios, infraestructura,
adopción de tecnología y mucho más.
Es un “no” ciudadano hacia otros actores políticos
Este resultado tampoco representa un voto de respaldo
hacia otros actores políticos que podrían intentar atribuirse una victoria que
no les corresponde. De hecho, muchos de ellos cargan con un desgaste político
mayor que el del gobierno, como la RC, sus asambleístas y sus principales
figuras. El “no” también les alcanza y los cancela.
Hay otras razones detrás del voto, que no coinciden
con las explicaciones enredadas de los voceros de los partidos tradicionales.
Muchas salieron de espacios ciudadanos y de personas que expresaron opiniones
en sus redes personales con argumentos más sólidos y cercanos a la realidad.
Incluye un importante efecto del paro indígena
El “no” observado en Imbabura para la constituyente
(68,5 %) —idéntico a lo que sucede en las demás preguntas— se amplifica en
Otavalo (79,46 %) hasta volverse casi universal en una de sus parroquias: San
Rafael de la Laguna (92,83 %), donde habitaba uno de los fallecidos por la
represión militar durante el paro indígena de 2025. Efecto se extiende y es
visible en otros territorios con alta población indígena: Pilahuín en Ambato - Tungurahua
(82,02 %); Toacazo en Latacunga - Cotopaxi (81,56 %); Cangahua, Cayambe –
Pichincha (92,78 %); San Pablo de Tenta en Saraguro - Loja (84,06 %), entre
otros.
Esto puede interpretarse como un voto de rechazo a la
violencia con la que el Estado actuó durante el último levantamiento indígena.
No supone desconfianza en el presidente, pero sí le deja
un mandato de cambios
Si bien la votación no constituye un rechazo total al
gobierno, tampoco significa que la ciudadanía ceda ante temas que deben
resolverse con prontitud y deje de exigir resultados en la lucha contra grupos
delincuenciales, bandas y carteles. No supone oposición a la cooperación
internacional; al contrario, evidencia la demanda de que existan acuerdos y
acciones conjuntas entre países, que generen resultados más allá de discursos o
de la captura de delincuentes de “alto valor”. Lo que la población no quiere es
un país militarizado o atrapado en una guerra interna sin posibilidad de ganar.
En cuanto al número de asambleístas, hay consenso sobre
la necesidad de contar con mejores representantes: mejorar los perfiles de los
candidatos, modificar el mecanismo de elección para desincentivar el voto en
plancha (y que el debate se centre en tarrinas o en el uso correcto de los
verbos), incorporar capacitación previa o al momento de la inducción (como
requisito para ocupar el cargo), reducir el número de asesores y exigirles
perfiles técnicos y éticos más idóneos. Hay mucho por hacer.
También ha consenso sobre la poca utilidad del consejo
de participación ciudadana.
¿Entonces, qué viene después del “no”?
Lo dicho, hacer cambios y provocar resultados.
Si no se plantean modificaciones en el fondo y en la forma,
lo más probable es que lo que venga sea simplemente más de lo mismo: espectáculo
y telenovela.
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